Jornada de Reflexión sobre la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones (CTIO), con la presencia del Dr. Carlos Tomada, Ministro de Trabajo y a la cual asistió especialmente invitada la Sra. Patricia Glize, Secretaria de la Comisión Acción Social de la Agrupacion Doctrina en Marcha.Día Internacional de la Mujer Trabajadora
Del Consenso de Washington al de Quito
Jueves 13 de Marzo de 2008
Con la presencia del Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada se ha realizado el jueves ppdo., en el Auditorio Islas Malvinas de dicho ministerio, la primera de las Jornadas de Reflexión y Trabajo sobre la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones (CTIO) http://www.trabajo.gov.ar/ctio/
A la misma, fue invitada la Sra. Patricia Inés Glize, Secretaria de la Comisión de Acción Social de nuestra Agrupación, en calidad de Delegada de la Confederación General de la Industria ante la CTIO junto con la Sra. Silvia S. Priotti, funcionaria de la Municipalidad de Marcos Juárez también delegada de la CGI.
La apertura estuvo a cargo de la Sra. Olga Martín de Hammar, Coordinadora de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y Presidenta de la CTIO y la Lic. Magdalena Faillace, representante especial para Temas de Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto e integrante de la CTIO.
Posteriormente se desarrollaron dos paneles de discusión.
El primero trató el Rol del Estado en cada uno de los dos modelos y estuvo a cargo de las siguientes panelistas:
· Dra. Mercedes Marcó del Pont, Presidenta del Banco de la Nación Argentina
· Lic. María Lucila Colombo, Presidenta del Consejo de la Mujer
· Dra. Graciela Rosso, Intendenta de Luján
· Lic. Marita Perceval, Senadora Nacional
El segundo panel trató sobre la Experiencia del mundo sindical y empresarial en ambos modelos y estuvo a cargo de las siguientes panelistas:
· Sra. Noé Ruiz, Secretaria Nacional de Oportunidades y Género, CGT, e integrante de la CTIO.
· Sra. Alejandra Angriman, Secretaria Nacional de Igualdad, CTA, e integrante de la CTIO.
· Sra. Irene Kampel, Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA)
Finalmente las palabras de cierre estuvieron a cargo del Dr. Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La jornada fue un éxito total ya que contó con la participación de más de 100 mujeres asistentes, representantes de distintos sectores sociales.
Al respecto se difundió el siguiente trabajo que sintetiza los objetivos y el plan de acción de la CTIO a nivel nacional.
Impacto en la vida de las mujeres trabajadoras
¿Qué ha cambiado en la situación de las mujeres, tanto en el ámbito público cuanto en el privado y qué permanece sin cambios, o con cambios aparentes, desde el Consenso de Washington al Consenso de Quito? Para comprender la “necesidad” del Consenso de Washington es necesario remitirnos al contexto que lo precedió genéricamente y cómo fue su forma particular en la Argentina. En términos amplios es posible decir que la industrialización de sectores de la economía nacional se dio, a su vez, por un consenso entre el Estado y los sectores productivos. El denominado desarrollismo por sustitución de importaciones representó un modelo económico que, en el caso de la Argentina, permitió a una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras considerar el ascenso social como una alternativa real para sus vidas.
El salto cualitativo en la situación de las mujeres en nuestro país se produjo con el acceso a la Presidencia del General Perón y la participación de Evita. El voto femenino permitió a las mujeres elegir y ser elegidas como legisladoras, y aparecieron paulatinamente en el mundo público desempeñando roles de conducción y decisión.
El golpe de Estado en el año 1955 pretendió llevarlas nuevamente al hogar y a las tareas tradicionales. No obstante, las mujeres continuaron incorporándose al mercado de trabajado y accediendo a mayores niveles educativos, al tiempo que peleaban por sus derechos y por transformar las relaciones de inequidad.
Las políticas de las sucesivas dictaduras militares impusieron la retracción de los derechos ciudadanos, arrasaron con los beneficios sociales, achicando el Estado y afectando diferencialmente a mujeres y varones.
En ese contexto muchas mujeres se integraron formal e informalmente a organizaciones sociales y tomaron la decisión de ocupar papeles activos en la resistencia, con el horizonte de lograr una sociedad más justa. Como consecuencia de ello constituyeron el 30% de las personas detenidas desaparecidas en el régimen militar que se instauró a partir de 1976, y por su condición de mujeres y militantes, resultaron doblemente reprimidas. Fueron violadas y se les arrebató a sus hijos e hijas nacidos en cautiverio.
Las Madres de Plaza de Mayo, paridas por sus hijos e hijas, iniciaron la larga e inextinguible lucha, por la memoria, la verdad y la justicia. Su ejemplo convocó en torno a ellas a un amplio conjunto de organizaciones sociales, haciendo de los derechos humanos una bandera irrenunciable de la política argentina.
Consenso de Washington
El Consenso de Washington estableció, hacia finales de los 80, un conjunto de recomendaciones referidas a las estrategias de financiamiento para el desarrollo económico y consecuente “derrame” entre la población. Propuso la aplicación de 10 instrumentos de política macroeconómica ortodoxa, tendiente a estabilizar las cuentas nacionales mediante un ajuste de sus estructuras deficitarias, el control de la inflación, la privatización de distintas áreas de servicios y de la economía, con la consiguiente liberalización de campos del mercado anteriormente ligados a un Estado de perfil desarrollista. El financiamiento para la implementación de estas transformaciones fue fundamentalmente realizado por medio de agencias multilaterales de crédito, notablemente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la estricta supervisión del Tesoro de los Estados Unidos. El endeudamiento generado por estas políticas no solamente terminó por ser contraproducente en sus metas fiscales, sino que tampoco resolvió las inequidades sociales por efecto del supuesto “derrame”.
Tal vez el aspecto más trascendente de esta serie de reformas no haya sido la reducción del tamaño del Estado, sino el cambio de su rol, es decir, las actividades que debe emprender y su forma de vinculación con el mercado. Por su parte, este conjunto de recomendaciones fueron implementadas independientemente de las particularidades de las estructuras económicas y sociales de cada Estado, generando resultados sorprendentemente parecidos en economías latinoamericanas.
La liberalización de áreas históricamente administradas por el Estado, como la salud, el transporte, la educación y los hidrocarburos, por nombrar algunas de las más relevantes, impulsaron la ingerencia del mercado, favoreciendo las capacidades de sectores con poder y contactos, en detrimento de aquellos más desfavorecidos o con menor capacidad de lobby. Esta coyuntura benefició particularmente a corporaciones multinacionales y grupos económicos cuyos intereses no estaban necesariamente asociados a la economía local, y por ello pasibles de re-localizar sus activos en función de la rentabilidad de su capital.
La denominada “agenda” de Washington terminó por ser impuesta a partir de una red de complicidades locales y externas, las cuales terminaron por obstaculizar el crecimiento económico, traducido en el cierre de empresas y en la pérdida de fuentes de trabajo para una enorme cantidad de la población e impactando diferencialmente en la vida de las mujeres y los varones.
¿Qué pasó en la Argentina?
La Argentina fue uno de los mejores alumnos en sostener un modelo neoliberal globalizado, con pérdida de industrias y consecuente desocupación e impacto diferencial sobre mujeres y varones. Si en los años 40-50 las mujeres salieron de sus casas para hacerse independientes profesional y económicamente, en los años 90 tuvieron que salir por obligación, por la necesidad de mantener sus hogares empobrecidos, con compañeros desocupados.
La gran mayoría, las mujeres de los sectores populares, tuvo que enfrentarse a un mundo laboral dominado por nuevas tecnologías sin las herramientas adecuadas. Esas mujeres cargaron sobre sus espaldas a sus hijos y salieron a trabajar fuera de sus hogares en condiciones precarias, en trabajos informales, inseguros, mal pagos, sin protección social, pero que les permitió ser las proveedoras económicas de sus hogares empobrecidos.
Al mismo tiempo, sus compañeros desocupados vieron afectados sus roles tradicionales; debido al papel social atribuido como sostenedores económicos, sintieron con frecuencia disminuida su virilidad, muchos se enfermaron psíquica y físicamente y se incrementaron los índices de violencia.
Las mujeres se hicieron cargo de la pobreza, ocuparon los lugares abandonados por el Estado: alimentación, salud, educación. Todas las habilidades y capacidades adquiridas en las tareas del hogar les sirvieron para los trabajos remunerados.
Agregaron una triple jornada a su trabajo doméstico cotidiano y al trabajo remunerado: el trabajo social comunitario. Esto les permitió reconocer el valor económico y social de sus tareas de ama de casa y al mismo tiempo, su inserción en el mundo público las capacitó en la organización, en el liderazgo y en el quehacer político. Difícilmente volverían al encierro hogareño y a la subordinación.
Esto tuvo consecuencias determinantes personal y socialmente; es decir, en sí mismas, en sus familias y en la sociedad en su conjunto: cambios de roles, funciones, responsabilidades públicas y privadas. ¿Cómo se establecía la jefatura en el hogar? ¿Cómo se compartían las responsabilidades familiares? ¿Se trataba sólo de una cuestión económica? ¿Cómo se negociaron los espacios de decisión?
Las mujeres comenzaron a ampliar el camino a la ciudadanía. Resultó más difícil desconocer sus derechos y negarles los espacios ganados. El Estado avanzó en la institucionalización referida al género y en las políticas públicas. Surgieron la Secretaría de la Mujer, el Consejo Provincial de la Mujer en la provincia de Buenos Aires y posteriormente el Consejo Federal de la Mujer, así como secretarías y consejos de la mujer en casi todas las provincias.
Se logró la Ley de Cupos para las listas electorales, que dio lugar a la posterior Ley de Cupo Sindical. Se creó en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones (CTIO) en el Mundo Laboral, que devino un lugar privilegiado para analizar dichos cambios y proponer políticas con el aporte de representantes gubernamentales, sindicales y empresariales, cuya herramienta es el diálogo social y el consenso entre ellos. Su fuerte sentido federal dio paso a la creación de las CTIO provinciales; la CTIO nacional incorporó en su agenda la violencia laboral por considerarla un flagelo para los trabajadores y las trabajadoras creando la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral que realiza asesoramiento y derivación de los casos recibidos.
Como todo proceso, éste tampoco es lineal ni siempre ascendente. No es fácil transformar siglos de relaciones asimétricas, ni el ideario tradicional internalizado por mujeres y varones. Se está transitando un fructífero camino en el que se ha progresado grandemente, y si bien aún existen obstáculos objetivos y subjetivos, las luchas y los avances de las mujeres plantean nuevos desafíos.
El Consenso de Quito
La crisis socioeconómica en que el modelo neoliberal sumió a los países latinoamericanos y la convulsión política resultante dio lugar al convencimiento de que era necesario profundizar en los lineamientos de una propuesta alternativa al orden impuesto en la década del ’90. Junto a esto la acción permanente de las mujeres organizadas en diversas instancias en toda la región esclareció las consecuencias de esas políticas en sus vidas, hecho que llevó al fortalecimiento de los mecanismos de articulación con los Estados. Todos estos factores posibilitaron la formulación del Consenso de Quito.
El Consenso de Quito, firmado por los gobiernos de 34 países latinoamericanos en 2007, reconoció a la paridad entre mujeres y varones como uno de los propulsores de la democracia y estableció como objetivos:
· Evaluar y revertir los efectos negativos de los ajustes estructurales
· Garantizar la paridad de género en la esfera política
· Mejorar las condiciones laborales de las mujeres
· Propender a mejorar sus condiciones de vida y al logro de su autonomía
· Reconocer el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres
· Reconocer, valorar y preservar los conocimientos y prácticas de las mujeres para sostener la vida y enfrentar la pobreza
· Reconocer el valor de la labor de los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
· Reconocer al género como dimensión ineludible para la definición e implementación de políticas públicas.
Asimismo, reconoció a los Estados como garantes del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes.
La Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Mundo del Trabajo
En consonancia con los objetivos del Consenso de Quito, el Ministerio de Trabajo definió la creación de la Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo como parte integrante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Entre los acuerdos que involucran las acciones de la Coordinación, muchas de las cuales ya están en marcha, se destacan:
· Fomentar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
· Incentivar y comprometer a los medios en la visibilidad de las mujeres con imágenes no sexistas, al mismo tiempo que combatir el lenguaje sexista y discriminatorio por género.
· Adoptar medidas tendientes a la eficaz implementación de las responsabilidades compartidas entre mujeres y varones en la vida familiar y laboral.
· Formular políticas y programas de empleo registrado de calidad que desarticulen la segmentación laboral.
· Propender a la eliminación de las condiciones que permiten la perpetuación de la brecha salarial entre mujeres y varones.
· Asegurar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y varones.
· Revisar y armonizar la normativa sobre los delitos de tráfico y trata de personas en cuanto a su dimensión en el ámbito laboral.
· Adoptar medidas que garanticen los derechos de las mujeres migrantes.
· Respetar las diversidades regionales.
· Cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado nacional referidos a la igualdad de derechos entre mujeres y varones en el campo laboral.
· Reconocer la contribución del trabajo doméstico no remunerado a la economía nacional y familiar.
· Desnaturalizar y hacer visible la división sexual del trabajo como base de las desigualdades.
· Hacer visible la contribución a la eliminación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres en el campo laboral.
De acuerdo con estos objetivos, la Coordinación tiene varias áreas de inserción, una de las cuales será especialmente dirigida al pleno ejercicio de los derechos que nuestra Constitución garantiza, en este caso los del mundo del trabajo. Para ello se ha propuesto implementar el programa El Camino a la Ciudadanía, que tiene como finalidad impulsar un plan de acción que vincular a las mujeres organizadas de los sectores populares con los sindicatos en una acción conjunta y articulada.
El Camino a la Ciudadanía
Para poder alcanzar los objetivos propuestos es preciso el compromiso conjunto del Estado y las organizaciones de la sociedad. Compete al Estado generar políticas públicas que permitan la visualización de los problemas y el reconocimiento de las inequidades, promoviendo el enfoque de género de manera transversal en sus programas y acciones y valorando las dimensiones productivas y reproductivas en función del desarrollo social integral.
En esta perspectiva se trata de promover el protagonismo de las mujeres para la transformación de pautas culturales y estereotipos de género y propiciar acciones que permitan su organización y articulación. Por su parte las organizaciones sindicales y sociales transmitirán las demandas de las mujeres realizando sus aportes para el diseño de las políticas públicas.
Hoy podemos concluir que si bien hay grandes avances en cuanto a la paridad, aún hay mucho camino por andar en pos de la plena ciudadanía de las mujeres, muchas barreras por derribar, muchos conceptos por construir, muchas prácticas positivas sobre las cuales asentar nuevos sistemas de trabajo y de representación. En ese camino de compromiso con el cambio, el Ministerio de Trabajo fortalece instrumentos que, como la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones en el Mundo Laboral (CTIO) y la Coordinación de Equidad de Género de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo (CEGIOT) aspiran a transformarse en instrumentos idóneos para la igualdad y la equidad.
Del Consenso de Washington al de Quito
Jueves 13 de Marzo de 2008
Con la presencia del Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada se ha realizado el jueves ppdo., en el Auditorio Islas Malvinas de dicho ministerio, la primera de las Jornadas de Reflexión y Trabajo sobre la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones (CTIO) http://www.trabajo.gov.ar/ctio/
A la misma, fue invitada la Sra. Patricia Inés Glize, Secretaria de la Comisión de Acción Social de nuestra Agrupación, en calidad de Delegada de la Confederación General de la Industria ante la CTIO junto con la Sra. Silvia S. Priotti, funcionaria de la Municipalidad de Marcos Juárez también delegada de la CGI.
La apertura estuvo a cargo de la Sra. Olga Martín de Hammar, Coordinadora de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y Presidenta de la CTIO y la Lic. Magdalena Faillace, representante especial para Temas de Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto e integrante de la CTIO.
Posteriormente se desarrollaron dos paneles de discusión.
El primero trató el Rol del Estado en cada uno de los dos modelos y estuvo a cargo de las siguientes panelistas:· Dra. Mercedes Marcó del Pont, Presidenta del Banco de la Nación Argentina
· Lic. María Lucila Colombo, Presidenta del Consejo de la Mujer
· Dra. Graciela Rosso, Intendenta de Luján
· Lic. Marita Perceval, Senadora Nacional
El segundo panel trató sobre la Experiencia del mundo sindical y empresarial en ambos modelos y estuvo a cargo de las siguientes panelistas:· Sra. Noé Ruiz, Secretaria Nacional de Oportunidades y Género, CGT, e integrante de la CTIO.
· Sra. Alejandra Angriman, Secretaria Nacional de Igualdad, CTA, e integrante de la CTIO.
· Sra. Irene Kampel, Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA)
Finalmente las palabras de cierre estuvieron a cargo del Dr. Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La jornada fue un éxito total ya que contó con la participación de más de 100 mujeres asistentes, representantes de distintos sectores sociales.
Al respecto se difundió el siguiente trabajo que sintetiza los objetivos y el plan de acción de la CTIO a nivel nacional.
Impacto en la vida de las mujeres trabajadoras
¿Qué ha cambiado en la situación de las mujeres, tanto en el ámbito público cuanto en el privado y qué permanece sin cambios, o con cambios aparentes, desde el Consenso de Washington al Consenso de Quito? Para comprender la “necesidad” del Consenso de Washington es necesario remitirnos al contexto que lo precedió genéricamente y cómo fue su forma particular en la Argentina. En términos amplios es posible decir que la industrialización de sectores de la economía nacional se dio, a su vez, por un consenso entre el Estado y los sectores productivos. El denominado desarrollismo por sustitución de importaciones representó un modelo económico que, en el caso de la Argentina, permitió a una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras considerar el ascenso social como una alternativa real para sus vidas.El salto cualitativo en la situación de las mujeres en nuestro país se produjo con el acceso a la Presidencia del General Perón y la participación de Evita. El voto femenino permitió a las mujeres elegir y ser elegidas como legisladoras, y aparecieron paulatinamente en el mundo público desempeñando roles de conducción y decisión.
El golpe de Estado en el año 1955 pretendió llevarlas nuevamente al hogar y a las tareas tradicionales. No obstante, las mujeres continuaron incorporándose al mercado de trabajado y accediendo a mayores niveles educativos, al tiempo que peleaban por sus derechos y por transformar las relaciones de inequidad.
Las políticas de las sucesivas dictaduras militares impusieron la retracción de los derechos ciudadanos, arrasaron con los beneficios sociales, achicando el Estado y afectando diferencialmente a mujeres y varones.
En ese contexto muchas mujeres se integraron formal e informalmente a organizaciones sociales y tomaron la decisión de ocupar papeles activos en la resistencia, con el horizonte de lograr una sociedad más justa. Como consecuencia de ello constituyeron el 30% de las personas detenidas desaparecidas en el régimen militar que se instauró a partir de 1976, y por su condición de mujeres y militantes, resultaron doblemente reprimidas. Fueron violadas y se les arrebató a sus hijos e hijas nacidos en cautiverio.
Las Madres de Plaza de Mayo, paridas por sus hijos e hijas, iniciaron la larga e inextinguible lucha, por la memoria, la verdad y la justicia. Su ejemplo convocó en torno a ellas a un amplio conjunto de organizaciones sociales, haciendo de los derechos humanos una bandera irrenunciable de la política argentina.
Consenso de Washington
El Consenso de Washington estableció, hacia finales de los 80, un conjunto de recomendaciones referidas a las estrategias de financiamiento para el desarrollo económico y consecuente “derrame” entre la población. Propuso la aplicación de 10 instrumentos de política macroeconómica ortodoxa, tendiente a estabilizar las cuentas nacionales mediante un ajuste de sus estructuras deficitarias, el control de la inflación, la privatización de distintas áreas de servicios y de la economía, con la consiguiente liberalización de campos del mercado anteriormente ligados a un Estado de perfil desarrollista. El financiamiento para la implementación de estas transformaciones fue fundamentalmente realizado por medio de agencias multilaterales de crédito, notablemente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la estricta supervisión del Tesoro de los Estados Unidos. El endeudamiento generado por estas políticas no solamente terminó por ser contraproducente en sus metas fiscales, sino que tampoco resolvió las inequidades sociales por efecto del supuesto “derrame”.
Tal vez el aspecto más trascendente de esta serie de reformas no haya sido la reducción del tamaño del Estado, sino el cambio de su rol, es decir, las actividades que debe emprender y su forma de vinculación con el mercado. Por su parte, este conjunto de recomendaciones fueron implementadas independientemente de las particularidades de las estructuras económicas y sociales de cada Estado, generando resultados sorprendentemente parecidos en economías latinoamericanas.
La liberalización de áreas históricamente administradas por el Estado, como la salud, el transporte, la educación y los hidrocarburos, por nombrar algunas de las más relevantes, impulsaron la ingerencia del mercado, favoreciendo las capacidades de sectores con poder y contactos, en detrimento de aquellos más desfavorecidos o con menor capacidad de lobby. Esta coyuntura benefició particularmente a corporaciones multinacionales y grupos económicos cuyos intereses no estaban necesariamente asociados a la economía local, y por ello pasibles de re-localizar sus activos en función de la rentabilidad de su capital.
La denominada “agenda” de Washington terminó por ser impuesta a partir de una red de complicidades locales y externas, las cuales terminaron por obstaculizar el crecimiento económico, traducido en el cierre de empresas y en la pérdida de fuentes de trabajo para una enorme cantidad de la población e impactando diferencialmente en la vida de las mujeres y los varones.
¿Qué pasó en la Argentina?
La Argentina fue uno de los mejores alumnos en sostener un modelo neoliberal globalizado, con pérdida de industrias y consecuente desocupación e impacto diferencial sobre mujeres y varones. Si en los años 40-50 las mujeres salieron de sus casas para hacerse independientes profesional y económicamente, en los años 90 tuvieron que salir por obligación, por la necesidad de mantener sus hogares empobrecidos, con compañeros desocupados.
La gran mayoría, las mujeres de los sectores populares, tuvo que enfrentarse a un mundo laboral dominado por nuevas tecnologías sin las herramientas adecuadas. Esas mujeres cargaron sobre sus espaldas a sus hijos y salieron a trabajar fuera de sus hogares en condiciones precarias, en trabajos informales, inseguros, mal pagos, sin protección social, pero que les permitió ser las proveedoras económicas de sus hogares empobrecidos.
Al mismo tiempo, sus compañeros desocupados vieron afectados sus roles tradicionales; debido al papel social atribuido como sostenedores económicos, sintieron con frecuencia disminuida su virilidad, muchos se enfermaron psíquica y físicamente y se incrementaron los índices de violencia.
Las mujeres se hicieron cargo de la pobreza, ocuparon los lugares abandonados por el Estado: alimentación, salud, educación. Todas las habilidades y capacidades adquiridas en las tareas del hogar les sirvieron para los trabajos remunerados.
Agregaron una triple jornada a su trabajo doméstico cotidiano y al trabajo remunerado: el trabajo social comunitario. Esto les permitió reconocer el valor económico y social de sus tareas de ama de casa y al mismo tiempo, su inserción en el mundo público las capacitó en la organización, en el liderazgo y en el quehacer político. Difícilmente volverían al encierro hogareño y a la subordinación.
Esto tuvo consecuencias determinantes personal y socialmente; es decir, en sí mismas, en sus familias y en la sociedad en su conjunto: cambios de roles, funciones, responsabilidades públicas y privadas. ¿Cómo se establecía la jefatura en el hogar? ¿Cómo se compartían las responsabilidades familiares? ¿Se trataba sólo de una cuestión económica? ¿Cómo se negociaron los espacios de decisión?
Las mujeres comenzaron a ampliar el camino a la ciudadanía. Resultó más difícil desconocer sus derechos y negarles los espacios ganados. El Estado avanzó en la institucionalización referida al género y en las políticas públicas. Surgieron la Secretaría de la Mujer, el Consejo Provincial de la Mujer en la provincia de Buenos Aires y posteriormente el Consejo Federal de la Mujer, así como secretarías y consejos de la mujer en casi todas las provincias.
Se logró la Ley de Cupos para las listas electorales, que dio lugar a la posterior Ley de Cupo Sindical. Se creó en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones (CTIO) en el Mundo Laboral, que devino un lugar privilegiado para analizar dichos cambios y proponer políticas con el aporte de representantes gubernamentales, sindicales y empresariales, cuya herramienta es el diálogo social y el consenso entre ellos. Su fuerte sentido federal dio paso a la creación de las CTIO provinciales; la CTIO nacional incorporó en su agenda la violencia laboral por considerarla un flagelo para los trabajadores y las trabajadoras creando la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral que realiza asesoramiento y derivación de los casos recibidos.
Como todo proceso, éste tampoco es lineal ni siempre ascendente. No es fácil transformar siglos de relaciones asimétricas, ni el ideario tradicional internalizado por mujeres y varones. Se está transitando un fructífero camino en el que se ha progresado grandemente, y si bien aún existen obstáculos objetivos y subjetivos, las luchas y los avances de las mujeres plantean nuevos desafíos.
El Consenso de Quito
La crisis socioeconómica en que el modelo neoliberal sumió a los países latinoamericanos y la convulsión política resultante dio lugar al convencimiento de que era necesario profundizar en los lineamientos de una propuesta alternativa al orden impuesto en la década del ’90. Junto a esto la acción permanente de las mujeres organizadas en diversas instancias en toda la región esclareció las consecuencias de esas políticas en sus vidas, hecho que llevó al fortalecimiento de los mecanismos de articulación con los Estados. Todos estos factores posibilitaron la formulación del Consenso de Quito.El Consenso de Quito, firmado por los gobiernos de 34 países latinoamericanos en 2007, reconoció a la paridad entre mujeres y varones como uno de los propulsores de la democracia y estableció como objetivos:
· Evaluar y revertir los efectos negativos de los ajustes estructurales
· Garantizar la paridad de género en la esfera política
· Mejorar las condiciones laborales de las mujeres
· Propender a mejorar sus condiciones de vida y al logro de su autonomía
· Reconocer el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres
· Reconocer, valorar y preservar los conocimientos y prácticas de las mujeres para sostener la vida y enfrentar la pobreza
· Reconocer el valor de la labor de los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
· Reconocer al género como dimensión ineludible para la definición e implementación de políticas públicas.
Asimismo, reconoció a los Estados como garantes del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes.
La Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Mundo del Trabajo
En consonancia con los objetivos del Consenso de Quito, el Ministerio de Trabajo definió la creación de la Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo como parte integrante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Entre los acuerdos que involucran las acciones de la Coordinación, muchas de las cuales ya están en marcha, se destacan:
· Fomentar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
· Incentivar y comprometer a los medios en la visibilidad de las mujeres con imágenes no sexistas, al mismo tiempo que combatir el lenguaje sexista y discriminatorio por género.
· Adoptar medidas tendientes a la eficaz implementación de las responsabilidades compartidas entre mujeres y varones en la vida familiar y laboral.
· Formular políticas y programas de empleo registrado de calidad que desarticulen la segmentación laboral.
· Propender a la eliminación de las condiciones que permiten la perpetuación de la brecha salarial entre mujeres y varones.
· Asegurar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y varones.
· Revisar y armonizar la normativa sobre los delitos de tráfico y trata de personas en cuanto a su dimensión en el ámbito laboral.
· Adoptar medidas que garanticen los derechos de las mujeres migrantes.
· Respetar las diversidades regionales.
· Cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado nacional referidos a la igualdad de derechos entre mujeres y varones en el campo laboral.
· Reconocer la contribución del trabajo doméstico no remunerado a la economía nacional y familiar.
· Desnaturalizar y hacer visible la división sexual del trabajo como base de las desigualdades.
· Hacer visible la contribución a la eliminación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres en el campo laboral.
De acuerdo con estos objetivos, la Coordinación tiene varias áreas de inserción, una de las cuales será especialmente dirigida al pleno ejercicio de los derechos que nuestra Constitución garantiza, en este caso los del mundo del trabajo. Para ello se ha propuesto implementar el programa El Camino a la Ciudadanía, que tiene como finalidad impulsar un plan de acción que vincular a las mujeres organizadas de los sectores populares con los sindicatos en una acción conjunta y articulada.
El Camino a la Ciudadanía
Para poder alcanzar los objetivos propuestos es preciso el compromiso conjunto del Estado y las organizaciones de la sociedad. Compete al Estado generar políticas públicas que permitan la visualización de los problemas y el reconocimiento de las inequidades, promoviendo el enfoque de género de manera transversal en sus programas y acciones y valorando las dimensiones productivas y reproductivas en función del desarrollo social integral.
En esta perspectiva se trata de promover el protagonismo de las mujeres para la transformación de pautas culturales y estereotipos de género y propiciar acciones que permitan su organización y articulación. Por su parte las organizaciones sindicales y sociales transmitirán las demandas de las mujeres realizando sus aportes para el diseño de las políticas públicas.
Hoy podemos concluir que si bien hay grandes avances en cuanto a la paridad, aún hay mucho camino por andar en pos de la plena ciudadanía de las mujeres, muchas barreras por derribar, muchos conceptos por construir, muchas prácticas positivas sobre las cuales asentar nuevos sistemas de trabajo y de representación. En ese camino de compromiso con el cambio, el Ministerio de Trabajo fortalece instrumentos que, como la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones en el Mundo Laboral (CTIO) y la Coordinación de Equidad de Género de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo (CEGIOT) aspiran a transformarse en instrumentos idóneos para la igualdad y la equidad.
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Alejandro Fusoni
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